Las aseguradoras no son otra cosa que gestoras de los recursos que sus clientes les confían. Obtienen ingresos (primas del seguro) que utilizan para cubrir los percances del sector asegurador y para invertir en proyectos que redunden en beneficio para la sociedad.
El seguro destina el 42% de sus inversiones a títulos de deuda pública. O lo que es lo mismo, al bien común. En concreto, el seguro español tiene en su balance 162.450 millones de euros en títulos de deuda española y de otros países europeos. Su carácter de inversor institucional de primer orden permite al seguro ejercer de palanca del cambio.
Además, el seguro ha iniciado la puesta en práctica de una política de inversión que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). En la actualidad, el 94% de las entidades del sector aplica criterios de sostenibilidad en la configuración de su cartera de inversiones.
Esto se traduce en que, a la hora de decidir en qué invierten, las aseguradoras tienen en cuenta criterios como el cambio climático, las energías renovables, los derechos humanos, las condiciones de trabajo y la ética empresarial, entre otros.
Los recursos que gestionan las aseguradoras sirven, por lo tanto, para promover un desarrollo sostenible y beneficioso a largo plazo para todos.